El PSOE vota con ERC y Bildu en contra de exigir a la Generalitat que respete el español en los colegios

El Partido Socialista votará en contra de una iniciativa del Partido Popular en el Congreso para «garantizar de manera efectiva e inmediata el derecho de todos los alumnos» a usar el español en los colegios «como lengua vehicular del sistema educativo en Cataluña».

Los socialistas rechazarán la proposición no de ley que los populares llevan este martes al Pleno para responder a la Generalitat separatista, que se niega a cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir el 25% de las clases en español en los colegios catalanes. Hasta el momento, el Gobierno de Pedro Sánchez ha evitado tomar medidas para obligar al Govern independentista a acatar la orden de la Justicia. «No queremos establecer una batalla política porque entendemos que las sentencias están para cumplirlas», ha defendido el portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez, a preguntas de OKDIARIO. En el debate, el diputado socialista Marc Lamuà acusó al PP de «decidir que las lenguas sean un arma arrojadiza» y «buscar la crispación y los votos aupados de odio que esperan recuperar con una guerra de lenguas».

El Gobierno separatista ha burlado la sentencia del TSJC con la aprobación de un decreto ley que fija explícitamente la «inaplicación» de porcentajes en el uso de lenguas en la enseñanza. Además, ha remitido instrucciones a los directores de los centros escolares, instándoles a ajustar el modelo lingüístico a ese decreto. Pese a ello, el Ejecutivo de Sánchez se ha limitado a mostrar su confianza en que el Govern cumplirá la orden judicial.

En su iniciativa, el PP advierte que «es la Alta Inspección el instrumento del que dispone el Estado para supervisar a las comunidades autónomas en materia de educación y quien elabora los informes técnicos de los que se sirve el Ministerio de Educación y Formación Profesional para detectar posibles incumplimientos normativos».

En este contexto, «y a la vista de esos informes, el Gobierno lleva a cabo actuaciones de muy diversa índole, dependiendo de la gravedad del asunto analizado, desde la emisión de cartas de colaboración o requerimientos formales ante la normativa no ajustada al orden constitucional, hasta el ejercicio de las diferentes acciones judiciales que prevén las diferentes leyes, incluida llegado el caso la prevista en el artículo 155 de la Constitución española».

«Impasible»

Por eso, «el Gobierno no puede permanecer impasible a las declaraciones de la Generalitat instando a los centros educativos a incumplir la sentencia, la Constitución y la ley, amparándose en que la ejecución corresponde a los tribunales de justicia, como ya hiciera en su respuesta a la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, afirmando que serán los tribunales los que han de dar cumplimiento a sus sentencias y quienes actúen llegado el caso».

«Al mismo tiempo, el Gobierno abogaba por un sistema que garantizara el conocimiento del castellano y del catalán mediante una valoración flexible y no mediante el límite cuantitativo», reprochan desde el PP.

«Competencia»

Los populares avisan que «el Estado tiene competencia exclusiva en la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27, y atribuye a los poderes públicos las obligaciones para garantizar el derecho a la educación». «En ese llamamiento a los poderes públicos, se apela tanto a la Administración del Estado como a la de las comunidades autónomas», se destaca en la proposición no de ley.

«En definitiva», concluye la iniciativa, «el Gobierno no puede incurrir en una dejación de funciones mientras se vulnera el derecho de los alumnos catalanes a estudiar en castellano y los ciudadanos catalanes se ven abocados a ejercitar por su cuenta acciones que reconozcan sus derechos lingüísticos ante un Gobierno impasible y un Gobierno autonómico que les deniega sus derechos».

Por ello, el PP insta al Gobierno a garantizar el derecho de todos los alumnos a la utilización del español, lengua oficial del Estado, como lengua vehicular del sistema educativo en Cataluña, en los porcentajes que se determinen y que no podrán ser inferiores al 25%, «de manera eficaz e inmediata».

Además, se pide modificar la nueva ley de Educación para ajustarla a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y velar, a través de la Alta Inspección educativa, por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación y sus derechos lingüísticos.

El PP exige al Gobierno que requiera a la Generalitat «dar cumplimiento» a la sentencia y «se reservará el derecho que la Constitución española y las leyes le otorgan para adoptar las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a estas obligaciones».